Desde hace aproximadamente una década se ha producido un importante cambio en la estrategia de intervención de la Unión Europea sobre el sector digital. Hasta ese momento, la intervención en este ámbito se había venido desarrollando bajo el principio del respeto a la libre iniciativa, por lo que se venían adoptando medidas puntuales y de carácter mínimo para favorecer la innovación y el desarrollo de las innovaciones digitales. Se trataba, por tanto, de una intervención basada en medidas de carácter negativo, ex post y estrictamente reactivas-correctivas, que, por lo tanto, han funcionado como límites externos en el desarrollo del sector . 

Sin embargo, a lo largo de la década pasada se ha ido produciendo un cambio de modelo motivado por la creciente importancia de la transformación digital para el crecimiento económico y el desarrollo social, y la necesidad de que exista un entorno de confianza y seguridad para que dicha transformación se produzca. Así, desde la Unión Europea se ha ido abandonando el tradicional laissez faire y las medidas mínimas de último recurso para desplegar una batería de medidas de carácter positivo, ex ante y, esencialmente, proactivas-preventivas, que se forjan en gran medida sobre el modelo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos  de 2016.

Este cambio de paradigma en la posición de la Unión Europea con respecto al sector digital se refleja en la evolución de las sucesivas estrategias digitales de las dos últimas décadas , que han situado a la política digital como uno temas vertebrales en las políticas de la Unión Europea. Aunque figuran en todas ellas unos elementos comunes como son las medidas relativas al impulso de las infraestructuras digitales, la economía digital y las competencias digitales de ciudadanos, empresas y Administraciones, se ha ido cambiando la orientación de las estrategias, que ya no se limitan al desarrollo técnico y económico del sector digital, sino que pretende tener un alcance más amplio garantizando que la evolución del sector digital refleje los derechos y valores del modelo de sociedad que defiende la Unión Europea .  

En efecto, en la medida en que se constata que la política digital implica la definición misma del modelo económico, social y político de la Unión Europea, las estrategias digitales europeas han adquirido una mayor relevancia y presentan un alcance cada vez más amplio que desborda los ámbitos en que tradicionalmente se ha configurado el ecosistema digital (telecomunicaciones, audiovisual y los servicios de la sociedad de la información o digitales) y con nuevas preocupaciones que trascienden la simple  protección de los datos personales.

En las últimas estrategias digitales de la Unión Europea se ha venido produciendo un progresivo incremento del número de iniciativas que incorporan y que dan lugar a un puzle cada vez más amplio y complejo de la regulación del sector digital. De hecho, se hace difícil hacer un seguimiento de la evolución de la regulación del sector digital, ya que cada vez son más las normas que se deben tener en cuenta y que presentan un creciente grado de sofisticación que dificulta su interpretación incluso por especialistas.

Así se puede comprobar en la última de las estrategias digitales con la que se trata de alcanzar “Una Europa adaptada a la era digital” como una de las seis prioridades fijadas por la Comisión presidida por Ursula von der Leyen hasta 2023 . El planteamiento de la actual estrategia digital se fijó en la Comunicación “Configurar el Futuro Digital de Europa” de 2020 , que se ha completado con la Comunicación Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital , y finalmente se actualiza su programación fijada en la Propuesta de Decisión Itinerario hacia la Década Digital para 2030 .

  Estos documentos en los que se contiene la estrategia digital para la Unión Europea hasta 2030 prevén la adopción de numerosas medidas que afectan a todos los ámbitos del sector y que implican una creciente intervención, circunstancias que ponen de manifiesto el cambio de planteamiento en la intervención sobre el sector digital. Estas son las piezas del puzle de la regulación del sector digital y que, debidamente sistematizadas, encajan entre ellas y permiten contemplar el estado de la política digital europea.

Así, en un primer bloque se encuentran las medidas sobre comunicaciones electrónicas que se aplican a las infraestructuras y servicios y que se dirigen a garantizar la conectividad necesaria para el desarrollo de las actividades digitales. Entre estas destaca el Código Europeo de Comunicaciones Electrónica de 2018 (Directiva (UE) 2018/1972) que ha dado continuidad a la regulación del sector de las telecomunicaciones con algunas novedades y que, recientemente, ha sido transpuesto en nuestro país a través de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Un segundo bloque responde a las medidas en el ámbito audiovisual que se ha visto profundamente transformado por las nuevas formas de transmisión y consumo de contenidos audiovisuales que motivó la aprobación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (Directiva (UE) 2018/1808) y que también ha sido transpuesta a través de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación. Más recientemente se ha presentado una propuesta para avanzar en la protección del pluralismo a través de la propuesta de Ley Europea de los Medios de Comunicación presentada en septiembre de 2022.

El tercer bloque incluya a los servicios de la sociedad de la información bajo su nueva denominación de servicios digitales que se han venido incrementando de manera exponencial haciendo necesario desplegar una intervención más intensa que se contiene en el denominado Paquete de Servicios Digitales que contiene dos Reglamentos que acaban de ser aprobados: la Ley de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065), y la Ley de Mercados Digitales (Reglamento (UE) 2022/1925) y que entrarán en vigor a lo largo de 2023.

De forma transversal a estos subsectores se encuentra la política de datos contenida en la Estrategia Europea de Datos de 2020 y que ya no se limita a la protección de los datos personales, sino que trata de impulsar la reutilización y el intercambio para generar un mercado único de datos, que resulta esencial para el desarrollo del sector digital. En esta línea destaca la reciente aprobación de la denominada Ley de Gobernanza de Datos (Reglamento (UE) 2022/868) y se ha presentado la propuesta de Ley de Datos también en 2022.

Entre las novedades de la nueva política digital se encuentran las iniciativas sobre ciertas tecnologías dispruptivas que presentan perfiles especialmente problemáticos como es el caso de la inteligencia artificial, para la que se presentó una propuesta de Reglamento de IA (Ley de IA) en 2021 y una propuesta de Directiva sobre responsabilidad en materia de IA en 2022. También se apunta a una regulación parcial del blockchain y las demás tecnologías de contabilidad distribuida (DLT) en la propuesta de Reglamento eIDAS 2 (para una identidad digital europea) presentada en junio de 2021.

Otras medidas transversales son las relacionadas con la ciberseguridad, cuya importancia va en aumento a medida que se incrementa la dependencia de los sistemas digitales, tal y como se refleja en la Estrategia Europea de Ciberseguridad de 2020. En este ámbito se encuentran en desarrollo tanto la propuesta de Directiva de ciberseguridad (Directiva NIS 2) presentada en 2020 como la propuesta de la Ley de Ciberresiliencia presentada en septiembre de 2022.

La última pieza del puzle de la regulación digital y, quizás la que mejor refleja el cambio de planteamiento es el proceso de reconocimiento de unos derechos digitales específicos. En este sentido la propuesta de Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital presentada en enero de 2022 vendrá a situarse en el vértice de toda la regulación del sector digital. Se trata de una manifestación de los principios del modelo de sociedad digital a la que aspira la Unión Europea y que se debe reflejar en el desarrollo de todas las normas y propuesta legislativas enumeradas.

A continuación, se lleva a cabo un análisis preliminar de las principales piezas que componen del puzle de la regulación del sector digital en la UE, esto es, de la legislación europea aprobada o propuesta que desarrolla la actual Brújula Digital 2030.